¿Cuáles son las ventajas estratégicas de la
representación de los intereses[1]
de la empresa en los procesos de discusión legislativa y diseño regulatorio? En
CLC Communications
and Public Affairs nos especializamos en la
representación de intereses y gestión de la comunicación de nuestros clientes en
las instancias de debate y diseño regulatorio.
En artículos anteriores me he referido a los
procesos de gestión de la reputación pública de las empresas, los cuales se
caracterizan por su dinamismo y heterogeneidad y en donde confluyen una multiplicidad
de stakeholders con diversos
intereses, mecanismos de presión y agendas. Estos stakeholders, sea su naturaleza y ámbito de influencia, buscan
influir en la toma de decisiones y entran en una dinámica de competición y
cooperación entre sí. Este espacio de debate público y la gestión de los
instrumentos de presión y representación es aplicable al ámbito
político-regulatorio.
En este ámbito se encuentra el Poder Ejecutivo y
sus ministerios (departamentos), el gobierno local, las agencias reguladoras,
legislativas y fiscales, los grupos de presión e interés, las organizaciones no
gubernamentales, las comunidades, entre otros. Cada uno de estos actores tiene
características distintivas, agendas e intereses particulares, módulos de
organización e instrumentos para elevar sus demandas (input) en el sistema político-administrativo y diversos niveles de
acceso a las instancias de diseño regulatorio (legislativa o técnica).
Estas complejas interacciones se dan en un espacio
de gobierno multinivel, donde confluyen relaciones de poder verticales entre el
gobierno y las agencias reguladoras y las empresas y relaciones horizontales,
las cuales incluyen líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro,
otras empresas competidoras, entre otros. Gestionar las relaciones públicas con
estos stakeholders puede ser el elemento
definitorio entre una regulación beneficiosa para la empresa o una perjudicial
en términos de costos, trámites y requerimientos innecesarios.
Para lograr estos objetivos, nuestro equipo de
asuntos públicos utiliza un conjunto de técnicas verificables y de aplicación práctica como el mapeo de actores
clave (policy network analysis), la
identificación de las posiciones, agendas de los actores y alianzas, los
márgenes de negociación y diálogo, la participación en iniciativas y eventos para
mejorar la presencia en la red pública y el fortalecimiento de los canales de
comunicación entre la empresa y los órganos de gobierno nacional y local. Estos
instrumentos permiten mejorar la comunicación y coordinación[2]
entre la empresa y los poderes legislativos y agencias regulatorias.
El proceso de discusión y formulación de las
políticas y regulaciones es abierto a la participación democrática. Acceder a
estos espacios directos mediante la consulta, entrega de propuestas y gestión
de la comunicación con los tomadores de decisiones es de suma importancia para
asegurar los intereses de la empresa, mejorar la vinculación con los diversos stakeholders, reforzar la visibilidad de
la marca e instituirse como un actor cooperativo y de confianza.
La
gestión de la comunicación y representación de intereses de la empresa se basa
en el mantenimiento de los canales y el diálogo constante con las instituciones
legislativas y agencias regulatorias. En un artículo anterior se expuso la
importancia del análisis del comportamiento de los stakeholders[3], el cual es
complementado con una estrategia de intervención basada en los intereses de la
empresa (objetivos a corto, mediano y largo plazo), la agenda pública y el
contexto y discusiones específicas en el espacio de acción, sea a nivel
legislativo o regulatorio.
Para gestionar esta red es preciso mantener un
canal de comunicación transparente, eficiente, efectivo y personalizado con los
representantes públicos. Esta transferencia de información genera ventajas
estratégicas para la empresa, pues permite prever situaciones, elaborar
posibles escenarios y tomar decisiones relativas a laón con tiempo, previsión y
visión estratégica. Por otro lado, el diálogo en el nivel horizontal,
especialmente con las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, reduce
la posibilidad de conflicto, señala oportunidades de cooperación en temas de
interés común y prepara el escenario para alianzas a mediano y largo plazo.
Nuestra
experiencia en CLC Communications and
Public Affairs en la representación de intereses reduce costos operativos a
las empresas relacionados con regulaciones negativas y con situaciones de
conflicto fundados en información falsa o incompleta. Una comunicación asertiva
y oportuna genera oportunidades, ventajas estratégicas y márgenes de
negociación amplios en procesos de diseño regulatorio.
Referencias:
Bevir, M. (2009). Key Concepts in Governance. Chennai,
India: Sage Publications, Replika Press Pvt. Ltd.
Commission of the European Communities (2006). European
Transparency Initiative. Recuperado de http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_194_en.pdf.
[1] Diversas entidades
internacionales reconocen la importancia de la representación de intereses como
una parte esencial e intrínseca al proceso democrático, sea para la
identificación de problemas con la regulación o el diseño y ejecución de
soluciones (Commission of the European Communities, 2006, p. 5).
[2] Como destaca Bevir (2009), los actores individualmente no pueden
imponer o implementar una política de forma unilateral, sino que deben negociar
y consensuar las decisiones en todas las fases del proceso de la política o
regulación (p. 56).
[3] El cual incluye la identificación de
la red pública de los stakeholders,
la descripción de las relaciones entre actores, la evaluación y el análisis
relativo de las expectativas, objetivos, intereses y capacidad de influencia de
los stakeholders, y el análisis
prospectivo de los posibles resultados y comportamientos.
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